Inspección judicial sorpresa en el Tribunal de Apelación de Fez: expedientes sensibles bajo examen

En una medida que refleja el compromiso de la institución judicial con la rendición de cuentas, Mohamed Abdennabaoui, presidente delegado del Consejo Superior del Poder Judicial, envió el martes una misión de inspección central para examinar expedientes considerados «pesados» en el Tribunal de Apelación de Fez.

Visita sorpresa del Inspector General y examen de casos destacados

La misión, encabezada por el inspector general Abdellah Hammoud, se presentó de forma imprevista por instrucciones directas del presidente delegado. La comisión solicitó acceso a varios expedientes judiciales sensibles, principalmente uno contra ocho acusados de la familia «Ahtit», originaria de Bounsar Targuist (provincia de Alhucemas). Se facilitó a la misión toda la información y documentos solicitados.

La ley autoriza a la Inspección General de Asuntos Judiciales, bajo petición del presidente delegado o del Fiscal General, a realizar inspecciones urgentes fuera del programa anual cuando sea necesario.

Antecedentes y trayectoria procesal

Los detalles del caso se remontan al 14 de julio, cuando la sala penal anuló una orden anterior de sobreseimiento y ordenó la continuación de las actuaciones contra los acusados. Previamente, el juez de instrucción Adel El Mokhbar había dictado el no procesamiento de los implicados y el levantamiento de embargos sobre sus bienes y cuentas bancarias.

Investigaciones financieras y blanqueo de capitales

Paralelamente, la Brigada Nacional de la Policía Judicial (BNPJ) ha llevado a cabo investigaciones financieras detalladas siguiendo instrucciones de la Fiscalía, en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales, rastreando el origen de fondos vinculados a actividades ilícitas.

El principal sospechoso, Mustapha Ahtit, fue denunciado por Abdelkader Tamtam por su presunta implicación en una red internacional de tráfico de drogas y blanqueo de dinero. La complejidad del caso aumenta al incluir entre los sospechosos a funcionarios y cargos electos locales.