Crisis de la vivienda en Uchda: afectados por la asociación Azhar protestan ante la Wilaya

Escalada de protestas ante la Wilaya de la región Oriental

La ciudad de Uchda fue escenario, el viernes por la mañana, de un movimiento de protesta encabezado por los afectados por los proyectos inmobiliarios de la asociación Azhar en la región Oriental, frente a la sede de la Wilaya. Esta acción marca una escalada ante la procrastinación y la indiferencia que enfrentan desde hace más de dos años, mientras la esperanza de obtener una vivienda o recuperar el dinero sigue en suspenso ante la falta de respuesta concreta de los responsables de la asociación.

Proyectos estancados y dudas sobre las licencias

Las preocupaciones de los manifestantes se centran en el destino de los proyectos de la asociación en Kala, Zghamim, Saidia y Ras El Ma, que sufren un estancamiento total en las obras. Los manifestantes señalaron que gran parte de estos terrenos carece de las licencias legales necesarias. El comunicado de la coordinación también criticó la gestión de las obras en los pocos sitios donde comenzaron, calificándolas de «operaciones de camuflaje» limitadas al vallado y excavaciones simples antes de detenerse por completo.

Acusaciones de fraude y rechazo al arbitraje

Los afiliados expresaron su rechazo categórico a la propuesta de «arbitraje» planteada por la administración, considerándola un intento de eludir sus derechos legales y una «puesta en escena» para prolongar el tiempo de espera. La coordinación también acusó directamente a la administración de desviar los fondos de los suscriptores a la cuenta del contratista bajo un «acuerdo secreto», subrayando que esta medida no contó con ninguna aprobación ni votación en las asambleas generales.

Demandas urgentes de intervención e investigación

La coordinación concluyó su protesta llamando a las autoridades públicas, encabezadas por el Wali de la región Oriental, a intervenir con urgencia y abrir una investigación profunda sobre los expedientes de esta asociación. Los afectados exigieron proteger sus fondos contra cualquier medida arbitraria y garantizar la recuperación total de sus aportaciones, advirtiendo sobre el silencio persistente de las autoridades ante lo que califican de «irregularidades» que amenazan los ahorros de ciudadanos que soñaban con una vivienda digna.